La víspera, el ministro de de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, anunció el cierre adelantado para 2025 de cuatro de esas plantas, como parte de los esfuerzos por cambiar la matriz energética del país hacia fuentes menos contaminantes.
Esa medida implica adelantar la salida del sistema electroenergético de esas plantas ubicadas en las localidades de Mejillones y Puchuncaví, consideradas ‘zonas de sacrificio’ por la enorme contaminación del aire, el agua y los suelos.
En un comunicado, la coalición ciudadana Chao Carbón consideró un avance el anuncio, lo cual ‘permitirá a las comunas de Quintero y Puchuncaví, gravemente afectadas por saturación de contaminación atmosférica y del borde costero, quedar 100 por ciento libres de termoeléctricas a carbón en enero de 2025’.
Añadió esa agrupación que será también una buena noticia para la comuna de Mejillones, que se liberará del 80 por ciento de las centrales a carbón para esa fecha.
El comunicado puntualiza que el anunció del Gobierno es ‘una importante noticia para los compromisos de descarbonización del país, ya que permitirá concretar el cierre de 18 centrales a carbón correspondientes al 65 por ciento del parque de generación a carbón’.
No obstante, instaron a las autoridades ‘a que estos acuerdos no queden en la voluntariedad y sin fechas definidas, sino respaldados por los decretos y leyes vinculantes’.
Igualmente dijeron esperar que la empresa privada AES Gener ‘mantenga el compromiso con la descarbonización expresado y avance aceleradamente en el cierre de sus 850 MW de generación a carbón aun sin fecha de cierre’
Ese potencial corresponde a plantas instaladas en los municipios de Tocopilla y Huasco, también considerados »zonas de sacrificio’.
Según datos del Ministerio de Energía y Minería, con el cierre de las cuatro centrales se reducirá la emisión de aproximadamente seis millones de toneladas de CO2 al año.
La salida del sistema energético nacional de esas plantas ha sido largamente reclamada por organizaciones ecologistas y de pobladores de las áreas contaminadas, que aseguraban era factible adelantar el calendario propuesto en 2019 por el Gobierno.
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