Las investigaciones en torno a la dimisión forzada del entonces mandatario Evo Morales, han puesto sobre la mesa evidencias de la implicación, directa o no, de Estados Unidos y Gran Bretaña, países interesados en una cambio político en Bolivia a propósitos de sus recursos naturales, principalmente el litio.
Sin embargo trascendió el apoyo de los gobierno de Ecuador y Argentina a los militares golpistas mediante la venta de material bélico empleado para reprimir a partidarios de Morales y el Movimiento al Socialismo, y defensores de la democracia y la institucionalidad del Estado.
La administración del expresidente Lenín Moreno suministró gases lacrimógenos y material de guerra al gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez, negociación en la que jugó un rol fundamental el entonces ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo.
En documento oficial, fechado el 27 de mayo de 2020, el comandante de la Policía de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo, solicita al agregado militar en Bolivia, José Luis Frías, coordinar la devolución de los elementos de represión que facilitó al gobierno de facto en noviembre de 2019.
Las pruebas provocaron una tormenta política en Ecuador, donde se constituyó una comisión legislativa para investigar el asunto.
De acuerdo con las investigaciones, Murillo presionó porque se concretara la gestión en momentos de represión violenta a los seguidores del defenestrado mandatario Evo Morales en noviembre de 2019.
En cuanto a la implicación del gobierno del expresidente Macri, Bolivia presentó un documento oficial que detalla la provisión de Buenos Aires a La Paz de 40 mil proyectiles AT (antitumultos), granadas y gases lacrimógenos de diferentes tipos y usos.
En carta cursada entonces por el jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Gonzalo Tercero, al embajador de Argentina, Normando Álvarez, con fecha del 13 de noviembre de 2019, el militar agradece el envío de los pertrechos para tratar con ‘la situación conflictiva que vive Bolivia’, donde los uniformados y la policía faltaron a su deber constitucional al apoyar el golpe.
El abogado de Terceros aseguró que la carta es falsa, sin embargo el actual embajador argentino, Ariel Basteiro, confirmó el hallazgo del documento en la sede diplomática y que la carga fue transportada en un avión de la fuerza aérea de su país.
Basteriro agregó la disposición del gobierno del presidente Alberto Fernández de colaborar en la investigación.
Críticos al apoyo que dieron al golpe de Estado los gobiernos de Moreno y Macri, recuerdan como lo más doloroso el uso del referido material en la represión de manifestantes desarmados y pacíficos.
En los días posteriores a la dimisión de Morales acontecieron las masacres de Sacaba y Senkata, donde una treintena de bolivianos fueron ultimados por fuerzas combinadas del ejército y la policía, mientras decenas resultaron heridos.
Otro punto en contra en la investigación del Golpe de Estado es la participación de las máximas autoridades del gobierno de facto en el asunto que trascendió a la cúpula militar.
Las pesquisas revelaron que la presidenta Áñez firmó hasta tres Decretos Supremos para la adquisición del material bélico en cuestión, en gestiones con Ecuador, Argentina y Estados Unidos.
Por si fuera poco el proceso estuvo plagado de irregularidades, por ejemplo la solicitud fue hecha a nombre del Ejército, pero el destinatario era la Policía Nacional.
A lo anterior sumar el sobreprecio de más de dos millones de dólares en las transacciones, por el cual deben responder Áñez, Murillo, detenido en estados Unidos por esa compra y otros cargos relacionados con los delitos de soborno y lavado de dinero, y el exministro de Defensa Fernando López, prófugo de la justicia boliviana.
El proceso investigativo sigue en marcha, y cada nuevo elemento parece dar la razón a aquellos que compararon la asonada a con las de la época del Plan Cóndor, cuando las dictaduras suramericanas se apoyaban unas a otras en la ejecución de sus crímenes.
mem/avs
