La dirección de la institución subrayó que los agentes tienen instrucciones de tomar todas las ‘medidas coercitivas’ necesarias contra aquellos que infrinjan las disposiciones.
Desde el miércoles pasado, las autoridades decretaron un estado de sitio, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que luego flexibilizaron al permitir las actividades económicas, vuelos comerciales y el regreso a los puestos de trabajo de los empleados públicos.
La víspera, Jimmy Cherizier, al frente de la federación de bandas G-9 y aliados, convocó a movilizaciones en esta capital y pidió reformas políticas tras el magnicidio perpetrado la madrugada del miércoles, en el cual resultó herida la primera dama Martine Moïse.
Además de las protestas convocadas por las pandillas, en los últimos días circula a través de las redes sociales un aviso de Peyi Lok, el operativo impulsado por la oposición en 2019 y que bloqueó la capital y sus ciudades aledañas por más de dos meses.
El anuncio provocó la compra frenética de insumos, productos alimentarios, combustible y agua, mientras algunas personas decidieron desplazarse hacia las provincias.
‘Me voy a casa de mis familiares en Jeremie (Grand’Anse), hasta saber qué va a suceder en el país. No puedo resistir un nuevo peyi lok en Puerto Príncipe’, dijo a Prensa Latina, Jean Claude, quien sobrevive como chofer de moto en las cercanías de Nerette, una de las subdivisiones de Petion Ville.
El bloqueo de la capital fue especialmente traumático para sus residentes más vulnerables, a quienes se les dificultó el acceso al agua y productos de primera necesidad, mientras que en zonas más acomodadas funcionaban de manera intermitente los supermercados.
El Gobierno, por su parte, asegura que el país está bajo control, aunque solicitó el apoyo de tropas norteamericanas para proteger las principales infraestructuras y garantizar la seguridad de la población.
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