De acuerdo con la Procuraduría General de la República, las transacciones ilícitas también contemplan bienes inmuebles adquiridos con recursos provenientes del erario público.
El tema retornó al interés mediático, tras la firma la víspera de un memorando de entendimiento entre el gobierno y el Consejo Federal Suizo para facilitar la recuperación de activos.
Citado por el diario Jornal de Angola, el Procurador General de la República, Fernando Pitta Grós, explicó que resulta difícil notificar un monto exacto del dinero por recuperar, pues hay investigaciones en proceso, y ‘a medida que obtengamos información, seguiremos persiguiendo estos valores’, aseveró.
El entendimiento con las autoridades suizas prevé la cooperación en los campos de notificación de actos judiciales, recolección de declaraciones, allanamientos, transmisión espontánea de información, recuperación efectiva de bienes y congelamiento de capitales, explicó.
Al decir del embajador aquí de esa nación europea, Nicolas Herbert Lang, la firma del memorado ratifica la voluntad de contribuir al combate de los delitos financieros, especialmente la malversación, el soborno y el blanqueo de capitales en detrimento del estado angoleño.
Ningún otro estado ha devuelto hasta ahora más fondos ilícitos a los países de origen que Suiza, señaló el diplomático.
Datos del Servicio Nacional de Recuperación de Activos avalaron la solicitud de incautar o embargar bienes y dinero por un monto superior a los cinco mil millones de dólares ubicados en Suiza, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Singapur y Bermudas.
El mes pasado, la ministra de Finanzas, Vera Daves, dijo a la prensa que los recursos recuperados servirán para inversiones territoriales previstas en el Plan Integrado de Intervención en Municipios, el cual debe ayudar a reducir las asimetrías socioeconómicas entre las distintas regiones.
La mayor parte del patrimonio reclamado está en forma de bienes muebles e inmuebles, en territorio nacional y el extranjero, algunos de ellos sujetos todavía a proceso legal, corroboró.
En opinión de Daves, el dinero solo se verá reflejado de manera pragmática en las cuentas públicas, cuando quede resuelta la situación judicial y el Estado pueda hacer un uso efectivo del mismo.
Entre los posibles destinos, mencionó el reacomodo de instituciones públicas ubicadas hoy en locales arrendados, la realización de ahorros y las ventas a fin de obtener ingresos.
Las demandas para la recuperación de activos incluyen inmuebles residenciales, oficinas, edificios, fábricas, terminales portuarias, participaciones en empresas y otros bienes.
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