‘Según las investigaciones, parece que no fue una reacción necesaria por una situación de revuelta sino una fría violencia’, indicó la ministra en una audiencia parlamentaria al referirse al escándalo investigado actualmente por la fiscalía.
La ministra destacó la necesidad de una investigación exhaustiva para conocer lo sucedido en todas las cárceles italianas en el último año bajo el influjo de la pandemia de Covid-19 y anunció la creación de una comisión de inspección que visitará los centros penitenciarios donde ocurrieron desórdenes.
En ese sentido, señaló que como resultado de las pesquisas 75 funcionarios fueron suspendidos de sus funciones por acusaciones graves como concurso en tortura, maltratos y lesiones personales con múltiples agravantes, así como falsedad en acto público, calumnia, favorecimiento, fraude procesal y despistaje.
La ministra subrayó que hechos de esta magnitud requieren, por un lado, una respuesta inmediata de la autoridad judicial que trabaja para determinar la responsabilidad penal y, por otro, son una advertencia de que hay algo que no funciona bien.
Los hechos ocurridos dentro del penal de la localidad de Santa María Capua Vetere son una herida muy grave a la dignidad de la persona, piedra angular de nuestra Constitución, precisó la titular de Justicia.
El caso sobre los abusos en la institución penitenciaria ubicada en la región de Campania, estalló tras denuncias investigadas por la fiscalía sobre maltratos físicos a internos registrados en imágenes grabadas por un circuito cerrado de televisión.
En el video se puede observar como uniformados golpean a los presos en represalia por una protesta escenificada por ellos el día anterior relacionada con las restricciones impuestas para enfrentar la Covid-19.
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