Según versión periodística inicial el titular de la cartera, Javier García, tomó esa decisión luego de verificarse que el nombre de Castellá aparece en el expediente del Órgano de justicia castrense represivo, que actuó contra Vladimir Roslick, asesinado mediante torturas en abril de 1984.
García indicó que estos detalles fueron hallados en archivo documental del ministerio y consideró ‘notoria incompatibilidad entre el cargo’ y su participación en el caso.
El médico Roslik, de 35 años, hijo de un inmigrante ruso, y vinculado al Partido Comunista, estuvo apresado en el Batallón de Infantería Nueve de Fray Bentos, en el departamento Río Negro, y fue una de las últimas víctimas de la dictadura en Uruguay.
La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos mantiene una permanente denuncia contra pactos de silencios entre altos rasgos castrenses sobre el paradero de opositores secuestrados y de responsables de actos represivos en el período 1973-1985.
Este colectivo manifestó malestar por la falta de respuesta del presidente del país, Luis Lacalle Pou, a indicaciones entregadas de lugares dónde encontrar archivos militares que arrojen pistas sobre víctimas y victimarios.
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