Pereira calculó que pueden representar cerca de una cuarta parte de las casi 800 mil adhesiones recopiladas, a partir de una encuesta con base científica encargada, al exceder esa cifra el cálculo inicial de 720 mil de la Comisión Pro referendo.
Sostuvo que ‘hay mucha gente que se coloca del lado del movimiento sindical sin pertenencia al Frente Amplio, ni a las izquierdas, pero que se siente progresista en sus formas de pensar el trabajo, lo que es transversal en la sociedad’.
Para el dirigente sindical consiste en promover una consulta ciudadana cuando una ley resulta negativa por una parte grande de la sociedad, en este caso el 32 por ciento de los votantes de la últimas elecciones nacionales.
En este sentido apuntó que hubo molestia en la población por el aumento de precio de los combustibles, y 300 mil hogares sin ingresos, y puede que explique las firmas de votantes de los partidos oficialistas Nacional, Colorado y Cabildo Abierto.
Consultado por la prensa sobre los temas más sensibles en los 135 de los casi 500 de la LUC que se busca derogar, mencionó el régimen de alquiler vivienda que facilita desalojos al primer mes de atraso de alquiler y los Consejos de Educación sin participación de los gremios magisteriales.
Los que favorecen el referendo revocatorio abrigan también impugnaciones en lo que a la seguridad refiere, lo que del lado gubernamental será su principal carta del debate público que se avecina, sin esperar que la Corte Electoral concluya el recuento y verificación de firmas y huellas dactilares de papeletas acopiadas.
‘Nosotros vamos a ir a conversar a cada departamento, cada barrio, y vamos a intentar traernos las devoluciones que nuestros compañeros encontraron durante esta campaña, reclamos de las personas, por qué no firmaban y verificar las prioridades de la población’, proyectó Pereira hacia adelante.
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