Las expulsiones son parte de un sistema expedito para sacar del país norteño de forma acelerada a las personas que llegan sin autorización a través de México, ya usado por los republicanos, agrega.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que las familias fueron enviadas de regreso a sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras.
La cantidad de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses que cruzan ilegalmente la frontera con México aumentó 4,5 pof ciento en junio, respecto al mes anterior.
Aproximadamente un tercio de los detenidos en junio eran mexicanos, seguidos de Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras la mayoría de los migrantes sudamericanos procedían de Ecuador y Venezuela, indica el diario.
Entretanto, el número de niños que cruzaron sin padres o tutores en junio, a quienes el Gobierno de Joe Biden prometió reasentar en Estados Unidos en lugar de devolverlos a México, aumentó 8 por ciento desde mayo, más de 500 por día.
Pero en julio la cantidad de niños superó los 19 mil, según David Shahoulian, subsecretario de políticas fronterizas y de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.
El número de personas encontradas que viajaban en familia durante julio se prevé que ronde las 80 mil, agregó Shahoulian.
La actividad migratoria estuvo concentrada abrumadoramente en los sectores de Rio Grande Valley y en el sur de Texas, añade el parte publicado a raíz de que grupos activistas reanudaran una batalla jurídica contra la autoridad del gobierno para expulsar a familias en la frontera bajo el argumento de la Covid-19.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades renovaron poderes de emergencia, conocidos como Título 42 con base en una ley de salud pública de 1944.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que continuaría aplicando la prohibición a otorgar asilo a adultos solos y familias. Los niños que viajan solos estaban exentos, pero en la práctica no es así.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos activistas indicaron que pondrían fin a las conversaciones para alcanzar un acuerdo con el gobierno de Biden en torno a que se derogue la facultad relacionada con la pandemia que niega a las familias la posibilidad de solicitar asilo.
Estamos profundamente decepcionados de que el gobierno de Biden abandone un trato justo y humano para las familias que buscan seguridad, dijo Neela Chakravartula, abogada gerente del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados.
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