Esa iniciativa, que fue presentada por senadores de oposición el 9 de diciembre de 2020 y rechazada de plano por el gobierno y legisladores de la derecha, es analizada en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, cuyo presidente, Pedro Araya, aseguró que la votación en ese grupo de trabajo solo se realizará a mediados de agosto.
La víspera, numerosos familiares de los reos, diputados y miembros de la Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna, se congregaron frente de la sede del antiguo Congreso Nacional, en esta capital, para reclamar que el trámite legislativo resulte más expedito.
Hasta la fecha, el texto fue revisado por tres comisiones, y ahora trascurre en la de Constitución, que si lo aprueba en general deberá posteriormente analizar nuevamente y aprobar cada capítulo, antes de pasarlo al plenario, lo cual alargará aún más el trámite.
Paloma Palomera, madre de uno de los detenidos, declaró a la prensa que los jóvenes que permanecen tras las rejas, algunos por más de año y medio, necesitan ayuda y la aprobación del indulto general para que recuperen su libertad.
El diputado comunista Boris Barrera consideró por su parte que el proyecto está siendo dilatado ‘a propósito’ y llamó a toda la oposición a aprobarlo si es consecuente con todo el proceso de cambios que se ha promovido en Chile tras el estallido social de octubre de 2019.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo denunció que existe ‘una justicia de clases donde hay ensañamiento contra los pobres, contra los luchadores, pero hay trato blando contra aquellos criminales que han atentado contra la vida de las personas’.
Para el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa instancia, el proyecto legislativo ‘tiene elementos de sobra para poder dar una salida política a los procesos judiciales injustos y arbitrarios que han vivido cientos de compatriotas’.
Señaló que ‘las familias están luchando por justicia, exigen la liberación de sus seres queridos frente a montajes, pruebas falsas, detenciones arbitrarias y prisiones preventivas que llevan más de un año’.
Asimismo opinó que ‘es necesario el diálogo, escuchar a las familias, a las víctimas, y entender que debemos trabajar para que esta ley se convierta en un mecanismo que pacifique a Chile y cierre heridas’.
A medida que transcurren las semanas, aumentan las tensiones y protestas, como se evidenció la semana pasada cuando esta capital fue escenario de enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes que salieron a las calles para reclamar ‘indulto ya’ y ‘libertad para los presos políticos’.
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