La Asamblea Nacional (cámara baja) votó a favor del proyecto de ley que autoriza la prórroga, tras debate sostenido la víspera a puertas cerradas, indicó la emisora.
Según el reporte, la postura de los parlamentarios denota la persistencia de problemas de seguridad, administrativos y financieros en las dos provincias y la necesidad de concretar soluciones sin demoras.
En declaraciones a Radio Okapi, algunos asistentes al debate criticaron la falta organización y el supuesto desvío de fondos públicos destinados a financiar el estado de sitio en ambos territorios.
De los 33 millones de dólares desembolsados, solo cinco millones se utilizaron válidamente para ese objetivo en Ituri, y casi la misma cantidad en Kivu del Norte, alegó la reseña mediática.
Para los diputados que ofrecieron información a la emisora, fueron desfalcados unos 20 millones de dólares y, por lo tanto, están impacientes por presenciar las ‘detenciones en cascada’ como resultado de las investigaciones en curso.
Fuentes castrenses y de la sociedad civil confirmaron ayer a la prensa la muerte de al menos 15 civiles en el noreste del país en un nuevo ataque atribuido a grupos del Frente Democrático Aliado (ADF), de origen ugandés.
El coordinador de la organización congoleña Convención para el Respeto de los Derechos Humanos, Christophe Munyanderu, declaró que la búsqueda de cuerpos continuaba en el lugar de los hechos, perteneciente a la localidad de Irumu, en la nororiental Ituri.
Kivu del Norte e Ituri se hallan en estado de sitio y bajo administración militar desde el pasado 6 de mayo, a fin de contener la situación de violencia extrema, con el respaldo de las dos cámaras del Congreso nacional.
De acuerdo con la herramienta de seguimiento Kivu Security Tracker, unos 120 grupos armados permanecen activos en el este de la RDC, en áreas de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica.
En particular, Ituri y Kivu del Norte experimentaron un rápido aumento de los atentados contra poblaciones indefensas durante los últimos meses, la mayoría de ellos atribuidos a las ADF.
Al decir del gobierno, el control militar sobre las dos provincias tiene como propósito atacar de forma más eficaz el problema de terrorismo y violencia en el este del país.
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