Esa cifra se completó este miércoles con la salida desde el aeropuerto internacional Arturo Merino, de esta capital, de un vuelo que devolvió a sus respectivos países a 31 ciudadanos peruanos y 46 bolivianos, escoltados por agentes de la Policía de Investigaciones.
Según informaron las autoridades chilenas, de esos extranjeros 66 fueron expulsados por cometer delitos por lo cual cumplían condenas por homicidio, robo con violencia, tráfico de drogas y tenencia de armas.
Otras 11 expulsiones son administrativas, pues corresponden a casos de ingreso ilegal al país por vías no autorizadas o tener antecedentes penales.
La ley de Migraciones que entró en vigor en abril último hace más expedito el procedimiento para la expulsión de extranjeros, lo cual ha sido criticado por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y defensoras de los migrantes.
Esas entidades exigieron al Gobierno de manera reiterada poner fin a lo que denominan deportaciones sumarias, y que cumpla con la legislación establecida internacionalmente sobre el tema.
Las críticas al proceder de las autoridades chilenas se centran en que se repiten vulneraciones a los derechos de las personas como impedimentos para acceder a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana, cuando las cortes de apelación están cerradas, e incluso la separación de familias.
Recientemente el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que ‘la ley migratoria establece la expulsión como resultado de graves infracciones migratorias’.
Detalló que ‘hasta ahora tenemos 33 mil expulsiones decretadas, 13 mil de las cuales corresponden a personas que tienen antecedentes penales en Chile o en su país de origen’.
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