La acusación es contra 11 empresas fabricantes y la demanda planteada por México en Boston está apegada a la legalidad, respondió el mandatario a una interrogante al respecto durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.
López Obrador añadió que no es un asunto oficial, sino civil por las afectaciones que provocan al país el descontrol de la venta de armas, las cuales generan más violencia y muertes.
Denunció la forma en que se fabrica y se vende ese armamento y a quienes está destinado en México para causar muertes; no hay limitación ni control y las puede comprar hasta por internet.
Estamos hablando, dijo, de hasta 50 tipos de armas de gran poder que se introducen en el país.
Estimó que el juzgado de Boston va a resolver en favor de México, aunque admitió que no será algo de inmediato, es un proceso y deberá verse toda la información de estas empresas las cuales fabrican armas a la medida de sus clientes de este país, a la delincuencia organizada, incluso con lujos especiales en sus empuñaduras.
Lo que estamos planteando es el descontrol en las ventas y el destino de esas armas, lo cual ayudaría mucho para bajar el nivel de violencia del país, y es la primera vez que hay un planteamiento así, aunque respetando las leyes de Estados Unidos que admite la compra-venta de esos artefactos de muerte.
La cancillería local admitió que la industria armamentista del vecino país respondió de inmediato a la denuncia presentada por México contra el sector.
En un comunicado, la Fundación Nacional de Tiro Deportivo rechazó que se cometan ‘prácticas de negocio negligentes’.
México respondió que no está en contra del comercio de armas amparado por la ley estadounidense, pues ese es un asunto interno del vecino país, pero sí busca un comercio responsable que no afecte a este país.
Si las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas, señaló.
A través de un comunicado, la cancillería mexicana aseguró que probará en la Corte de Estados Unidos que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes.
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