Previo a una reunión virtual de los 19 jefes comunales del país, acordada para la jornada, el de Canelones, Yamandu Orsi, tildó de disparatado uno de los 315 artículos de la mencionada legislación en debate en el parlamento.
Orsi explicó en audición radial la pretensión de que para evitar nuevos asentamientos o que sigan creciendo, el Gobierno Nacional descontará de las partidas hacia los departamentos los costos que implican resolver esa grave problemática social.
‘Dicho de otra forma, si aparece un asentamiento de pobres en una ciudad y si la intendencia no lo pudo evitar o echarlos, ni frenar su avance, se le retira la plata para que el Ministerio del Interior se haga cargo de eso que supuestamente la autoridad territorial no hizo’, ejemplificó.
Por otro lado informó que en la Comisión de Hacienda del parlamento se acordó la necesidad de ‘cambiar esto, que no está bien así’, pero se introdujo en el articulado que el tema se dirima en Justicia, para que obliguen a las comunas a costear la reubicación de las comunidades instaladas en terrenos.
Para concluir, Orsi planteó que las ocupaciones son problemáticas ‘que tienen que ver también con las situaciones económicas de la gente’ y que requieren ‘soluciones acordadas, coordinadas y obviamente mucho mejores de las que tuvimos’.
Lamentó que en los últimos 15 años en el gobierno del Frente Amplio, al que pertenece, no se pudo resolver y añadió que tampoco será con el traslado de las culpas a otros sin ver las razones profundas y permitir flexibilizar normas de ordenamiento territorial estrictas.
También encontró oposición en el debate parlamentario la propuesta oficialista de desviar fondos del Instituto Nacional de colonización para arrendamiento de tierras a familias del campo hacia la solución de los asentamientos irregulares en una cuantía irrisoria para la magnitud del problema.
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