El caso ya fue entregado al Tribunal de Primera Instancia de esta capital, sin embargo, aún ningún magistrado aceptó conducirlo, esgrimiendo temores de seguridad, luego que dos jueces de paz e igual número de secretarios judiciales tuvieran que esconderse tras recibir amenazas de muerte.
Moïse murió en su residencia el 7 de julio por al menos 12 disparos, en un ataque en que resultó gravemente herida su esposa Martine Étienne, la única testigo ocular de los hechos.
En sus declaraciones a la prensa, la viuda contó que los asesinos se comunicaban en español, y pensaron que estaba muerta mientras yacía junto a su cama, sin poder respirar y con la boca llena de sangre. Uno de ellos le pisó los pies, y otro le pasó una linterna por los ojos.
‘Lo único que vi antes de que lo mataran fueron sus botas’, aseguró la semana pasada y cuestionó qué sucedió con la guardia de entre 30 y 50 hombres que custodiaban la residencia cuando estaba presente el jefe de Estado.
Las autoridades relacionaron a cuatro policías directamente con el comando armado integrado por 26 colombianos que presuntamente ultimaron al mandatario.
Cuatro agentes y 18 suramericanos permanecen bajo custodia policial y fueron transferidos recientemente a la Penitenciaría Nacional, la mayor de su tipo en el país, en medio de las dudas por el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
La trama del asesinato incluye a nacionales de varios países, entre ellos el venezolano opositor Antonio Intriago, residente en Estados Unidos, quien aseguró a mediados de semana ser ‘víctima de un esquema para asumir el poder en Haití’, pero negó tener conocimiento.
A través de sus abogados, subrayó que su empresa, CTU Security, fue contactada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura humanitario en la nación caribeña, y que uno de los socios de la compañía que trabajó antes en el FBI contactó con agentes de esa agencia para asegurarse de la legalidad del plan.
La Policía de Haití acusó a la empresa de contratar a los ‘mercenarios’ y solicitó a Washington apoyar la investigación.
Intriago también señaló a la antigua magistrada Wendelle Coq, sobre quien pesa una orden de arresto por asesinato y robo a mano armada, como la emisora de un edicto para apresar a Moïse, y sostuvo que el comando no asesinó al presidente.
Como parte del expediente del caso, las autoridades de Haití mantienen prisioneras a 44 personas, y un número similar fue entrevistado por la Fiscalía de Puerto Príncipe, mientras al menos seis, entre los que figura la exjueza del Tribunal de Casación, se consideran prófugos de la justicia.
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