El abogado Jaime Fuentes, uno de los promotores de esa iniciativa, informó la víspera por Twitter que a partir de este lunes la comisión de Constitución de la Cámara Alta analizará el proyecto de indulto general y el miércoles se realizará la votación.
El jurista dijo esperar que el texto sea aprobado tal como ocurrió ya en otras dos comisiones que lo analizaron y de esa forma pase a discusión por el pleno, mientras aumentan las demandas por la libertad de esas personas, la mayoría jóvenes.
Unos 806 jóvenes, muchos de ellos en prisión preventiva casi dos años pudieran ser beneficiados por el indulto, según la cifra entregada a la comisión por el Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos formado por familiares y activistas.
Para los promotores de la medida hay suficientes antecedentes y argumentos jurídicos para aprobar el indulto, porque son cientos de personas que llevan año y medio en prisión preventiva, sin procesos, ni condenas e incluso víctimas de detenciones irregulares.
El periódico El Siglo señaló al respecto que fuentes parlamentarias afirman que la oposición tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto y avanzar en la libertad de los detenidos.
La pasada semana la comisión de Constitución escucho los criterios de familias de los reos, y denuncias sobre maltratos y otras irregularidades sufridas por los detenidos, así como los argumentos de especialistas en la materia a favor o en contra del indulto.
También han aumentado los llamados en sectores sociales y políticos sobre la necesidad de una solución política a un problema que se arrastra por demasiado tiempo y no faltan las críticas a la lentitud en el trámite legislativo del proyecto que fue presentado en diciembre pasado.
Incluso los integrantes de la Convención que redactará la nueva constitución, en una de sus primera acciones aprobó una declaración llamando al Gobierno a buscar una salida adecuada y rápida al problema.
Sin embargo, la víspera el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reiteró la posición mantenida por el Ejecutivo, alegando que el proyecto ‘parte de una premisa falsa, que tipifica como presos políticos a delincuentes comunes’.
Según declaró al conservador diario El Mercurio, ‘un proyecto así violenta nuevamente a las víctimas de la violencia. Los que están privados de libertad son personas que cometieron delitos’ y consideró que más que un indulto, la propuesta se trata de una amnistía.
Delgado no descartó que en dependencia de lo que ocurra en el Congreso Nacional el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional para impedir que el proyecto legislativo sea aprobado.
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