La agresión a Campillay se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la desproporcionada represión desatada por los cuerpos policiales de este país contra los participantes en las manifestaciones populares de rechazo al gobierno de Sebastián Piñera.
Las lesiones de Campillay por el impacto de la bomba lacrimógena en su rostro le provocaron ceguera total, pérdida de los sentidos del olfato y el gusto, deformidad física y otras secuelas de por vida.
Al pedir la condena, la fiscal Paola Zárate, señaló que el 26 de noviembre de 2019 Fabiola Campillay y su hermana se encontraban en una parada de ómnibus, ajenas a manifestaciones protagonizadas en las cercanías.
El imputado, Patricio Maturana, ‘abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor’ les disparó con la carabina lanzagases que portaba, en forma directa, sin realizar parábola alguna, impactando un proyectil de frente en el rostro de la víctima.
Según reportes de prensa, aunque ya la investigación fue cerrada y con la acusación de la Fiscalía se deberá proceder a la preparación del juicio oral, la defensa de Maturana pidió la reapertura del caso para hacer una reconstrucción de escena y pericias de tiro.
Hasta ahora Maturana se encuentra en arresto domiciliario total, luego que en dos oportunidades la Corte de Apelaciones de San Miguel revirtiera la prisión preventiva decretada por el tribunal de garantía.
El caso ha sido también señalado como ejemplo de las dilaciones en la impartición de justicia contra los agentes del Estado que cometieron violaciones de los derechos humanos, pues aunque el hecho ocurrió en noviembre de 2019, Maturana solo fue detenido en agosto de 2020.
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