En un comunicado, la alianza, de la cual forman parte dos presidentes en ejercicio y varios exmandatarios de 16 países, precisó que la operación de persecución política contra exfuncionarios salvadoreños en los últimos meses busca debilitar el Estado de Derecho.
Deploró que se pretenda coartar el derecho a la participación democrática de ciudadanos y organizaciones que no comparten el proyecto autoritario del Gobierno de Nayib Bukele.
‘Se trata de una peligrosa operación de acoso político mediante una guerra jurídica (lawfare) contra los líderes de la oposición. Han enviado requerimientos legales represivos contra diez dirigentes que formaron parte del gabinete 2009-2014 buscando que ellos salieran del país por la falta de garantías’, precisó el Grupo.
Asimismo, añadió que algunos de los que se quedaron en el país fueron detenidos sin justa causa y están a la espera de procesos judiciales que seguramente serán manipulados por jueces y autoridades de control al servicio del régimen.
De acuerdo con las denuncias constatadas por Clajud, los detenidos no gozan de las garantías mínimas del debido proceso y no han podido acceder a medicamentos indispensables para su salud, alertó la alianza progresista.
Los miembros del Consejo del Grupo de Puebla, del cual forman parte destacados juristas y abogados, reafirmaron su llamado al respeto de la democracia en El Salvador, permitiendo el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los sectores progresistas.
De igual manera, exhortamos a la conformación de una veeduría internacional que garantice el libre ejercicio de los derechos políticos, humanos y jurídicos de los dirigentes perseguidos, concluye el texto, rubricado por varias personalidades, entre ellas el juez Baltazar Garzón y el brasileño Aloizio Mercadante.
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