Sin ofrecer argumentos sobre la decisión, Vincent aseguró mantener conversaciones con los socios técnicos y financieros para el préstamo necesario y la rápida implementación del proyecto, que permitirá fortalecer el acceso a la justicia.
El Gobierno rehusó en varias ocasiones el traslado de la sede del ente, que incluye al Tribunal de Apelación, el Tribunal de Primera Instancia, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Puerto Príncipe.
Desde 2019 la seguridad se deterioró en esa área que conecta la capital con otros cuatro departamentos del país, y donde también están ubicadas las sedes de varias oficinas gubernamentales.
‘No vamos a dejar la zona a los bandidos’, dijo en 2020 el ex primer ministro Joseph Jouthe, quien prometió combatir la inseguridad, pero sin resultados concretos.
El Gobierno también instaló de manera temporal una guardia de soldados del ejército, para permitir a los jueces acceder a las instalaciones sin temer por su seguridad, aunque poco después los militares se retiraron.
Además de las cíclicas huelgas de los magistrados, abogados y empleados judiciales, la situación de inseguridad lastra el acceso a la justicia de los litigantes, denunció la Oficina de Protección del Ciudadano.
La instancia veladora de los derechos humanos señaló que el clima en la zona incide de manera directa en la detención preventiva prolongada, que según datos de Naciones Unidas supera el 85 por ciento, lo cual amenaza los cimientos del mismo estado de derecho, aseguró el organismo internacional.
En los últimos dos meses la situación empeoró aún más con la guerra abierta que mantienen las bandas armadas en Haití por el control territorial que paralizó todas las actividades en la zona.
ga/ane
