Moïse recibió 12 disparos en la madrugada de ese día, en su residencia de la capital, y el Gobierno pidió asistencia de Naciones Unidas y Caricom para las investigaciones y el posterior juicio contra los culpables.
Orélien asume el archivo 10 días después que su predecesor Mathieu Chanlatte dimitiera y tras la muerte en circunstancias aún por determinar de Ernest Fortune, secretario judicial asignado al caso.
Medios de prensa indicaron que Chanlatte no tuvo agentes que garantizaran su seguridad ni la de los familiares, mientras dos jueces de paz y dos registradores judiciales tuvieron que esconderse luego de recibir amenazas de muerte.
El ministro de Justicia Rockefeller Vincent aseguró que su cartera puso a disposición de magistrado Orélien todos los medios necesarios para el buen desarrollo del caso y exigió a la Policía Nacional de Haití (PNH) controlar de manera constante a los colombianos y otras personas detenidas por su presunta relación con el magnicidio.
‘Ordené al director general de la PNH movilizar todos los medios legales para ejecutar las órdenes emitidas contra quienes participaron en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. La nación aguarda este fuerte y digno gesto de la PNH’, indicó el titular en las redes sociales.
Más de 40 personas se encuentran en prisión, entre ellas 18 colombianos, además de dos responsables de seguridad y el médico Enmanuel Sanon, a quien los investigadores señalan como uno de los autores intelectuales del magnicidio.
Por su parte, un informe de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, concluye que los policías designados para velar por la seguridad de Moïse formaron parte del complot del asesinato, y menciona una presunta llamada entre el primer ministro Ariel Henry y el abogado Joseph Felix Badio, presunto organizador del magnicidio.
‘No tengo nada que ver con lo que dice el informe’, no voy a discutir con una organización, rebatió Henry al ser inquirido por la prensa por su aparición en el documento.
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