El lunes la prensa local permaneció apostada todo el día en la sede del Servicio Electoral, en esta capital, a donde fueron llegando uno tras otro representantes de las fuerzas políticas para inscribir sus candidatos a la presidencia y al legislativo con vistas a las elecciones del próximo 21 de noviembre.
Finalmente nueve nombres se inscribieron para aparecer en la boleta en la cual los chilenos deberán escoger el próximo primer mandatario, aunque tras analizar si los aspirantes cumplían los requisitos, el jueves el Servicio Electoral finalmente rechazó a dos de ellos.
Los objetados fueron el economista Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados, asesoría financiera que cerró este año tras varias denuncias, y Diego Ancalao, profesor de origen mapuche respaldado por la Lista del Pueblo, grupo de activistas surgidos tras el estallido social de octubre de 2019.
La noticia agitó las aguas electorales y la semana cierra con la perspectiva de que ambos apelen por distintos medios la decisión del Servel, aun cuando, sobre todo en el caso de Ancalao, el asunto pudiera desembocar en un proceso judicial por presuntos delitos previstos por la ley electoral y el Código Penal.
Ahora quedan en la candidatura Gabriel Boric, por el bloque de izquierda Apruebo Dignidad; Sebastián Sichel, de la coalición de derecha Chile podemos +, Yasna Provoste, del centrista Nuevo Pacto Social, y José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano. Completan la relación Marco Enríquez-Ominami, presidente del Partido Progresista; el economista Franco Parisi, del Partido de la Gente, y Eduardo Artés, de la Unión Patriótica, conglomerado de movimientos de izquierda.
Pero otros temas importantes marcaron la semana, pues el gobierno decretó emergencia agrícola en cuatro regiones ante la seria crisis hídrica que afecta a gran parte de este país sudamericano.
Autoridades y empresarios alertaron que la falta de agua, cada vez más grave, afecta a la agricultura y la ganadería, lo cual podría reducir la producción de alimentos y provocar, como ya se aprecia, un aumento de los precios de numerosos productos.
También continúa preocupando la llegada de inmigrantes indocumentados por pasos no autorizado de la frontera en el norte del país, a despecho del endurecimiento de las medidas del Gobierno para contrarrestar ese fenómeno.
El asunto cobre ribetes dramáticos tras conocerse por la prensa que entre esos extranjeros había al menos dos mil 95 menores de edad muchos sin adultos acompañantes, y alcaldes de algunas localidades fronterizas cuestionaron la ineficacia del gobierno para controlar el problema.
Datos oficiales publicados este viernes calculan que en Chile residen más de un millón 460 mil extranjeros, la mayoría de ellos venezolanos, peruanos, haitianos y bolivianos, en ese orden.
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