‘Es importante que entendamos que legalmente corresponde la revisión del salario mínimo. Nosotros estamos haciendo las valoraciones para poder, no solamente instalar la mesa, sino que con todos los sectores (valorar) cuál sería el efecto de la mesa y cómo está la economía del país’, dijo a sindicalistas Doris Zapata, titular de trabajo.
La situación económica a causa de la crisis sanitaria iniciada en marzo de 2020, será un punto determinante en la discusión, acotó, y recordó el alto desempleo que abarca al 20 por ciento de la fuerza laboral y como consecuencia de ello, la emigración masiva hacia el empleo informal.
Zapata consideró que el proceso de reactivación económica definirá cual es el panorama del país en octubre, cuyas expectativas aún son inciertas, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) ofreció recientemente un reporte que indica ligeros síntomas de recuperación en el primer semestre de este año.
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reflejó hasta junio pasado un incremento de 4,85 por ciento con respecto a igual período de 2020, a pesar de una recaída en el primer trimestre de 2021 por la cuarentena obligatoria durante la tercera ola de la pandemia de Covid-19.
Aunque no es perceptible a nivel general a lo interno de las familias, la reanimación de las cifras macroeconómicas se apoyó en la exportación de concentrado de cobre, con la entrada en funcionamiento de la mayor mina de Centroamérica y el Caribe, y los efectos positivos del tránsito interoceánico de naves y su cadena logística asociada.
Por otra parte, en la discusión del salario mínimo en 2019, la posición de los sindicatos era que, para cubrir la canasta familiar, la remuneración debía alcanzar los mil 400 dólares mensuales, pero al final lo aprobado fueron 615 dólares.
En el debate generado en aquel momento, la economista Maribel Gordon aseguró que el costo de la vida superaba la cifra solicitada y sobre el salario recordó que ‘la Constitución dice que debe garantizar la vida digna y debe garantizar cubrir las necesidades fundamentales de vida’.
Consideró que el mandato de la Carta Magna debía ser una base en la discusión, porque a los profesionales y al resto de los trabajadores no se les hace justicia y ‘cada vez es mayor la brecha entre costo de vida y salario y salario mínimo’.
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