La víspera el presidente Sebastián Piñera tomó cartas en el asunto y anunció que el Gobierno destinará un fondo de 100 mil millones de pesos (unos 130 millones de dólares) para esencialmente ayudar a los pequeños y medianos agricultores, los más golpeados por la falta de agua.
El mandatario calificó como un ‘terremoto silencioso’ la sequía que ya se prolonga por 13 años y es consecuencia directa del cambio climático, y recordó que el déficit de precipitaciones alcanza entre 60 y 80 por ciento de los promedios históricos en buena parte del país.
Asimismo informó que se continuará fortaleciendo la red de plantas potabilizadoras del agua de mar, especialmente en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, las más afectadas por la escasez del líquido.
Al mismo tiempo anunció que se procurará avanzar en el aprovechamiento de acuíferos naturales inyectándole agua cuanto en algún momento haya abundancia del líquido.
La falta de lluvias ha provocado la reducción del caudal de muchos ríos, algunos de los cuales se encuentran a punto de secarse, según planteó el mandatario.
El problema se agravó en los últimos meses debido a las inusualmente altas temperaturas del invierno austral, a punto de finalizar, lo que impidió la acumulación de nieve en amplias zonas de la cordillera de los Andes, que es la garantía para contar con suficiente agua en la primavera y el verano, tradicionalmente secos en este país
La crisis es más aguda en la zona central, precisamente la que concentra el grueso de la población y las principales áreas agrícolas y en muchos lugares aumenta el número de familias que se abastecen de agua mediante camiones cisterna.
La semana pasada el Gobierno decretó la emergencia agrícola en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O,Higgins y Maule, a las que se agregó este fin de semana la Metropolitana, donde se ubica esta capital y que por sí sola comprende a ocho de los 19 millones de habitantes de Chile.
En tanto la agricultura se resiente y la mayor evidencia es el paulatino aumento de los precios de frutas y vegetales por la reducción de la oferta.
Los grandes productores temen, por su parte, un decrecimiento en las cosechas, que podría incidir negativamente en el que es, tras la minería, uno de los principales sectores exportadores del país.
Pero la crisis hídrica no depende solo de la falta de precipitaciones, sino también de la deficiente utilización del agua disponible, según denunciaron reiteradamente numerosos grupos ambientalistas y sectores de oposición,
Ese recurso, fundamental para la vida, se encuentra casi totalmente en manos de empresas privadas, que hacen del agua una mercancía más, siguiendo el patrón del modelo neoliberal imperante en el país.
La Constitución impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) es posiblemente la única del mundo que no establece al acceso al agua como un derecho.
Sin embargo, y a pesar de la crisis actual, en el Congreso Nacional avanza con increíble lentitud un proyecto ingresado hace alrededor de una década, de reforma del Código de Aguas, vigente desde 1980.
La propuesta busca establecer el derecho esencial a ese recurso, dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, y reafirmar el carácter de uso público del agua.
Asimismo entre sus objetivos se plantea establecer nuevas regulaciones, para la concesión, uso y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas y brindar protección a la preservación del líquido en los ecosistemas terrestres.
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