Según el periodista Jamil Chade, columnista del portal de noticias UOL, la imputación presentada en el Supremo Tribunal Federal (STF) se basó en nuevos extractos de conversaciones y mensajes entre los miembros del desactivado grupo judicial.
Tales parlamentos forman parte del material decomisado en la denominada Operación Spoofing (se detuvo a hackers que invadieron celulares de autoridades).
En 2016, la defensa de Lula presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, alegando violaciones contra el exgobernante y cuestionando la imparcialidad del entonces juez Sérgio Moro. El caso sigue pendiente en Ginebra.
La defensa del exdirigente obrero insiste en que la Lava Jato, además de practicar graves e irreversibles violaciones de los derechos humanos de Lula también asumió ‘la propia línea de manifestación del Estado brasileño ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con la aquiescencia de los órganos estatales implicados’.
Se trata, agrega, ‘de una verdadera captura al aparato de Estado que también se produjo a nivel nacional para permitir la práctica del lawfare (guerra jurídica) especialmente contra el demandante (Lula)’, argumenta.
De acuerdo con la solicitud, en los diálogos de los fiscales entre el 14 y 16 de enero de 2019, es ‘posible comprobar que mantuvieron reuniones y encuentros con órganos del Estado’.
En un texto escrito por el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Lava Jato, los abogados del exlíder sindical indican cómo dirigió a tres colegas para tratar el asunto.
Para los juristas defensores, los fiscales de la extinta fuerza no solo conducían la posición del Estado brasileño ante la ONU, sino que pasaron a promover gestiones políticas.
El periódico francés Le Monde reveló en abril pasado que la operación Lava Jato resultó ser una exitosa estrategia de Estados Unidos para socavar la autonomía geopolítica de Brasil y proteger sus propios intereses.
Lo que comenzó como la ‘mayor operación anticorrupción del mundo’ degeneró en el ‘mayor escándalo judicial del planeta’, denunciaron varios medios periodísticos.
En febrero último, el Ministerio Público Federal desarticuló la Lava Jato tras siete años de trabajo y su grupo de tareas enfrenta disímiles acusaciones de selectivo y parcial en sus investigaciones.
La Fiscalía indicó que sus derivaciones serán ahora realizadas por el Grupo de Acción al Combate del Crimen Organizado.
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