Por medio de un comunicado, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos apuntó que esa legislación pone obstáculos sin precedentes para abortar de manera segura en casi todos los casos.
Asimismo, manifestó gran preocupación por las ‘nuevas formas de presión’ a quienes defienden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo a los proveedores de servicios.
La ley, que entró en vigor la víspera, permite reclamar hasta 10 mil dólares en daños en un tribunal civil contra los proveedores, los médicos y cualquier persona involucrada en el proceso de aborto.
Igualmente, impide la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera no bloquearla.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el alto tribunal norteamericano rechazó la solicitud de un grupo de defensores de derechos humanos, que urgieron a la justicia bloquear la legislación sobre aborto más restrictiva que tiene la nación norteña hasta la fecha.
Tras la votación, la Corte Suprema informó que los activistas no presentaron ningún caso persuasivo que les motivara a revertir la norma.
La jueza feminista Sonia Sotomayor, quien votó contra la ley, calificó el fallo como inaceptable. ‘Es inconstitucional prohibir a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos’, dijo.
Esa polémica norma prohíbe la interrupción del embarazo después que se detecte la presencia de un latido fetal, lo cual puede ocurrir tan pronto como a las seis semanas después de la fecundación del óvulo.
Actualmente, el 85 por ciento de las mujeres que interrumpen sus embarazos lo hacen en ese período de tiempo, de acuerdo con los activistas.
La legislación promovida por el gobernador republicano, Greg Abbott, entró en vigor este miércoles y hace excepciones solo ante emergencias médicas.
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