El mes de noviembre de 2019 es recordado por los bolivianos como uno de los más violentos de la historia del país debido a la represión violenta desatada por policías y militares bajo órdenes de la administración golpista.
Los uniformados reprimieron con dureza a manifestantes pacíficos que defendían la democracia y el retorno al poder del presidente constitucional Evo Morales, obligado a dimitir y en Senkata y Sacaba perdieron la vida 38 personas.
El vicepresidente de la Asociación de víctimas, fallecidos, heridos, procesados y perseguidos en la Defensa de la Democracia de Sacaba, Roberto Jucumari, adelantó que se trata de una marcha masiva que convocó a todas las organizaciones sociales y representantes de afectados por la violencia golpista.
Por otra parte esa asociación anunció que hará un censo nacional para identificar a los fallecidos, heridos, detenidos y los torturados en el contexto del golpe de Estado de 2019.
Mientras en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (parlamento bicameral), la oposición articula mecanismos para impedir un juicio de responsabilidades por las referidas masacres, con el que se busca dar a las víctimas justicia y reparación integral.
En ese sentido la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón llamó a viabilizar la acción legal como paso indispensable para superar el trauma que significa el golpe de Estado de 2019 para la sociedad boliviana. ‘Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que respondamos a esas 38 víctimas y todas las familias que se han visto afectadas por la violación a los derechos humanos, por las ejecuciones extrajudiciales, por la masacre, por lo que ha ocurrido en nuestro país y, a partir de eso es que vamos a nosotros cumplir: justicia verdad y reparación integral’, dijo en entrevista televisiva.
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