El fiscal general, Merrick Garland, afirmó este lunes en un comunicado que explorará ‘todas las opciones’ para apoyar a aquellas que necesiten o deseen interrumpir un embarazo como forma de preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
El gobierno utilizará la llamada Ley de Libertad de Acceso a la Entrada a Clínicas (FACE, en inglés), la cual fue aprobada hace 27 años y prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza contra una persona que busca obtener o proporcionar servicios reproductivos.
La semana pasada legisladores de Texas aprobaron una nueva normativa contra los abortos a partir de las seis semanas de embarazo, momento en el que muchas mujeres aún desconocen su situación y no hay excepciones por motivo de violación o incesto.
Pese a las críticas, la Corte Suprema estadounidense respaldó dicha disposición, que también permite a cualquier persona en ese territorio demandar a trabajadores médicos o incluso a familiares o amigos de una paciente que ‘ayuden e inciten’ a malograr un embarazo.
Esa disposición conservadora constituye un revés para la lucha de las mujeres estadounidenses contra el sexismo y la discriminación imperante en el país, pese a algunos logros.
El aborto fue reconocido en Estados Unidos en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso conocido como Roe contra Wade, en el que el tribunal determinó que una mujer puede terminar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.
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