La asesora del Ministerio de Justicia del país andino calificó de infundado y apresurado el documento preliminar de la Secretaría General de la organización acerca de aquellos comicios, añadió la Agencia Boliviana de Información.
El Gobierno de facto firmó en aquel momento un acuerdo especial con la OEA que finalmente esta incumplió y cuyo contenido era distinto a los emitidos por las misiones de observación sobre los comicios, señaló Urquieta.
Según Urquieta, la particularidad de ese documento del ente regional era que permitía ‘una auditoria con sustento técnico, científico y comprobable, lo cual al final tampoco ocurrió’.
El acuerdo entre la OEA y el Gobierno también ‘establecía que el informe sobre las elecciones se efectuara mediante las instancias diplomáticas correspondientes, lo cual no sucedió’, agregó la asesora judicial.
‘Este documento preliminar hace aseveraciones que hasta el día de hoy no pudo comprobar la OEA, pero en aquel momento constituyó un detonante para el golpe de Estado’, sentenció Urquieta.
La consejera recordó que el ejecutivo golpista se abrió a esa auditoría por una negligencia de los partidos políticos de derecha que lo integraban y ‘no aceptaron su derrota’ en las elecciones presidenciales de noviembre de 2019.
El inconstitucional ascenso al poder de Jeanine Áñez y el derrocamiento de Evo Morales ‘fueron planificados y articulados por la Secretaría General de la OEA, con la participación de los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador y Argentina’, aseveró.
‘No solo lo digo yo, lo dicen expertos, hay más de 10 informes internacionales respecto a este tema que dicen lo mismo’, concluyó Urquieta.
La asonada de noviembre de 2019 causó la muerte de 38 bolivianos y cientos de heridos y detenidos, por la represión de policías y soldados contra las protestas populares defensoras del gobierno constitucional del presidente Evo Morales.
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