El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, confirmó que en la tarde de este jueves presentó la documentación ante un tribunal federal, aunque anteriormente la Corte Suprema se negó a bloquear dicha disposición, considerada un retroceso por restringir los derechos de las mujeres.
Este tipo de plan busca anular la Constitución y si ese tipo de normativas prevalece puede servir como precedente en otros lugares y con respecto a otros derechos constitucionales, manifestó Garland en una rueda de prensa.
Desde el 1 de septiembre está en vigor la normativa que, además de restringir el acceso a la interrupción de embarazos independientemente de si hubo violación o incesto, permite a cualquier persona demandar a médicos, familiares o amigos de una paciente si ayudan o incitan al aborto.
El presidente Joe Biden calificó la legislación como ‘profundamente anti-estadounidense’ y aclaró que perjudicará el acceso a la salud de las mujeres, especialmente aquellas emigrantes, negras y pobres.
Esa disposición constituye un revés para la lucha de las mujeres de esta nación norteamericana contra el sexismo y la discriminación imperante en el país, pese a algunos logros.
El aborto fue reconocido en Estados Unidos en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso conocido como Roe contra Wade, en el que el tribunal determinó que una mujer puede terminar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.
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