El portal de noticias R7 aseguró que Bachelet mencionó el escenario brasileño como preocupante durante un discurso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Llamó la atención sobre la ley antiterrorista y la situación de los pueblos indígenas en el gigante suramericano.
R7 precisó que tal advertencia emergió el mismo día en que el proyecto de ley 1595/19, que prevé acciones antiterroristas, será discutido en la Cámara de Diputados.
Asimismo, jornadas antes del viaje del presidente Jair Bolsonaro para dirigirse a la ONU en Nueva York.
Tradicionalmente el gobernante brasileño es el primer jefe de Estado en pronunciar un discurso en esa instancia, programado para el 21 de septiembre.
Para Bachelet, la forma en que se discutió la ley antiterrorista en Brasil, incluyendo disposiciones ‘excesivamente vagas y amplias’, presentan riesgos de abusos contra activistas sociales y defensores de los derechos humanos.
La criminalización de los movimientos sociales y las huelgas, así como la restricción de las libertades fundamentales, son algunos de los puntos que merecen atención en la legislación propuesta por el Gobierno de Bolsonaro.
Una posible aprobación del texto actual limitaría el derecho a la protesta en la inmensa nación, según los ponentes del organismo internacional.
Durante la inauguración del Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta brasileña aludió de igual forma el panorama de los pueblos nativos como otra preocupación de la comunidad internacional.
‘Estoy alarmada por los recientes ataques contra miembros de los pueblos yanomami y munduruku por parte de mineros ilegales en Amazonas’, indicó.
Subrayó que hay que vigilar de cerca las cuestiones de la minería ilegal y la demarcación de tierras ancestrales.
El Supremo Tribunal Federal reanudará el miércoles el juicio sobre el llamado marco temporal en la jurisdicción de los terrenos originarios, que se intenta realizar desde el 26 de agosto.
La corte superior analiza si esa condición debe seguir el criterio transitorio, el cual define que los indígenas solo pueden reclamar sus territorios ocupados antes de la fecha de promulgación de la Constitución de 1988.
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