Según el portal de noticias R7, el recurso especial está en el orden del día de la tercera sala del STJ.
La demanda fue presentada después de que Bolsonaro concediera una entrevista en marzo de 2011, cuando aún era diputado federal, al desaparecido programa CQC.
Cuando se le preguntó qué haría si tuviera un hijo homosexual, el exmilitar respondió que eso ni siquiera le pasa por su cabeza ‘porque han tenido una buena educación. Yo era un padre presente y no corro ese riesgo’, remarcó.
A la pregunta si te invitaran a salir en un desfile de personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo, ¿irías?, Bolsonaro afirmó que no participaría en la promoción de las malas costumbres, incluso porque cree en Dios.
‘Tengo una familia y la familia tiene que ser preservada a cualquier costo o la nación simplemente colapsará’, argumentó.
Por estas frases, el exmilitar fue condenado en segunda instancia, pero su defensa recurrió al STJ.
En el recurso especial, los abogados argumentan que las palabras y opiniones del entonces diputado federal estaban protegidas por la inviolabilidad que confiere la Constitución al discurso de los parlamentarios.
La indemnización por daños morales fue solicitada, a través de una acción civil pública, por tres asociaciones a favor de los derechos de las personas LGBT+: el Grupo Arco Iris de Concienciación Homosexual, el Grupo Cabo Free de Concienciación Homosexual y Lucha contra la Homofobia y el Grupo Diversidad Niterói.
Todos son del estado de Río de Janeiro, domicilio electoral del gobernante.
Si es condenado definitivamente, el excapitán del Ejército pudiera tener que pagar los 150 mil reales, de sus propios recursos, al Fondo de Defensa de los Derechos Difusos, subordinado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
En primera instancia, las entidades pidieron que se obligara a Bolsonaro a retractarse y a pagar una indemnización de al menos 500 mil reales (unos 96 mil dólares).
Tal proceso tuvo lugar en el sexto Tribunal Civil de Río y, en abril de 2015, la jueza Luciana Santos Teixeira condenó al legislador a pagar los 150 mil reales. La solicitud de rescisión no fue atendida.
Un recurso del otrora diputado fue atendido en noviembre de 2017 por la sexta sala civil de la Corte de Justicia de Río. Por tres votos contra dos, los jueces decidieron mantener el castigo.
De acuerdo con el informe del Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI+ en Brasil-2020, al menos 237 personas murieron a causa de la violencia LGBTfóbica el año pasado. De ellos, 224 fueron homicidios (94,5 por ciento) y 13 suicidios (5,5).
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