En una carta enviada al comité aseguró que no puede continuar en el cargo, bajo la dirección de una persona acusada del asesinato de ‘que no tiene intención de cooperar con la justicia, buscando por el contrario, por todos los medios, obstruirla’.
Lubérice quien en las últimas semanas criticó abiertamente al primer ministro, señaló que varios indicios apoyan la tesis de la participación activa de Henry en el asesinato, mientras defendió el llamado del excomisionado de Gobierno, Bed-Ford Claude que invitó a declarar al primer ministro.
La semana pasada el exfiscal invitó a Henry a esclarecer las presuntas llamadas con el prófugo de la justicia Joseph Felix Badio, acusado de dar la orden y planificar el magnicidio.
El jefe de Gobierno evadió la invitación y despidió al fiscal ‘por faltas administrativas graves’ aunque no ofreció detalles de las infracciones cometidas.
Henry tampoco explicó sobre las supuestas llamadas ocurridas durante la jornada del magnicidio el 7 de julio, aunque sugirió que las acusaciones son desviaciones para dejar sin justicia al exmandatario.
El primer ministro se encuentra enfrascado en la firma de un acuerdo político, al cual se suscribieron unas 170 organizaciones para la ‘gobernanza pacífica y eficaz’, aunque expertos señalan que las últimas revelaciones pueden hacer tambalear el consenso.
Moïse nombró a Henry dos días antes de su asesinato con la misión de reunir a las fuerzas nacionales, y lograr la celebración de elecciones y el referendo constitucional.
Aunque el neurocirujano asegura que sigue los pasos del presidente asesinado, el reciente acuerdo posterga al menos un año el proceso electoral, mientras abraza la formación de una asamblea constituyente para redactar la nueva carta magna, y lo mantiene en su puesto sin contraparte del Parlamento, disfuncional desde enero de 2020.
mem/ane
