Esta acción de la fuerza política opositora se basa en las compras directas que dispuso el extitular, observadas por el Tribunal de Cuentas, adquisiciones a una sola empresa por montos sin precedentes y gastos excesivos en publicidad.
La decisión de emprender el camino de la justicia partió de revelaciones de quien fuera director nacional de Turismo, Martín Pérez, cesado por Çardoso al negarse a firmar contratos en condiciones que calificó de irregulares.
Entre las empresas figura la nombrada Kirma, de Estonia, a la que el Banco de la República se abstuvo de pagar 280 mil dólares por adelantado, al verificar su Unidad de Prevención al Lavado de Activo que opera con un banco panameño en lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional especializado (GAFI).
Tras la tormenta política que desató el cese de Cardoso en las filas del Partido Colorado, de la coalición gubernamental, el FA propuso una comisión parlamentaria investigadora del caso.
Pero Cardoso, tras reasumir su escaño de diputado contrapropuso otra comisión para los gastos en el ministerio desde 2010, a lo que el oficialismo concedió y acordó con su mayoría una sola instancia indagadora divida en dos partes.
La senadora frenteamplista Lilliam Kechichian, y otros legisladores afines calificaron ese acuerdo de ‘mamarracho jurídico’, ya que nunca hubo ‘una investigadora para comparar gestiones’ y señalaron que el extitular intenta desviar la atención para que no se hable de su administración.
Tras este sesgo, el Frente Amplio optó por emprender un proceso ante la justicia.
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