La decisión, que aparece en documento publicado este viernes en el Diario Oficial de la Unión, evita que la zona, en la cual viven solo dos nativos aislados, vuelva a ser invadida por mineros.
Al menos ocho cooperativas y empresas solicitaron autorización a la Agencia Nacional de Minería para explorar el subsuelo de los alrededores de Piripkura y están a la espera de una respuesta.
La ordenanza que protege el territorio originario fue publicada en septiembre de 2018 y extendió por tres años la restricción de ingreso, locomoción y permanencia de personas ajenas a la Funai.
En este caso en las 242 mil hectáreas de la tierra aborigen Piripkura, con el objetivo de garantizar la protección de los indígenas aislados de la etnia. Sin embargo, este documento expira mañana.
Según la fundación, la renovación consideró el reconocimiento de los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban, de acuerdo con la Constitución.
En julio, una decisión de la Justicia Federal determinó que los invasores debían abandonar inmediatamente la zona, reintegrando así la posesión del territorio a los dos indígenas aislados en el lugar.
De acuerdo con la Fiscalía federal, la invasión del terreno nativo y la consiguiente degradación ambiental ocurre desde 2008, cuando algunas personas fueron multadas por deforestación ilegal y otros delitos ambientales, como la caza de animales salvajes.
Las invasiones y actos de degradación ambiental se volvieron más intermitentes desde 2015, con la última y más actual incursión que comenzó hace dos años.
El fiscal Ricardo Pael Ardenghi, titular de la Oficina de Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales, indicó que las penetraciones en esa zona se potenciaron sensiblemente por la reducción de las acciones de fiscalización a lo largo del 2020 debido a la pandemia de Covid-19.
Medios periodísticos aseguran que los nativos Baita y su sobrino Tamanduá solo fueron vistos en los últimos años en encuentros ocasionales con funcionarios de la Funai. Cuando aparecen se presentan barbudos, con el pelo largo y desnudos, e inmediatamente regresan al bosque.
De los 115 pueblos indígenas aislados del país, 28 fueron reconocidos por la Funai. Otros están a la espera del proceso administrativo de habilitación.
Con la deforestación y destrucción de los bosques, y el avance de prácticas ilícitas, como el garimpo (extracción de minerales), la tala ilegal y el acaparamiento de tierras, la existencia de estos grupos se ve seriamente amenazada en Brasil.
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