Para la bancada opositora se trató de un mal negocio y sin garantías por parte del vendedor Gobierno español sobre el estado de dichas naves fuera de servicio y costosas.
El legislador interpelante designado, Gerardo Núñez, cuestionó que ese gasto se da en un contexto de profunda situación de crisis sanitaria y económica en el país, recorte del presupuesto de Defensa Nacional, y caída de cinco puntos del salario del personal militar en términos reales.
Sin embargo, contrastó que se dejaron de realizar inversiones de particular importancia, como por ejemplo lo que afecta la situación de los radares sin mantenimiento en los tres aeropuertos más importantes del país, que repercute en la cobertura de vuelos comerciales.
Un estudio solicitado al Tribunal de Cuentas de la República confirmó que la compra de esos aviones, de los años 1970, se realizó por el gobierno pese a advertencias contrarias de los departamentos jurídicos de la Fuerza Aérea y del ministerio por la falta de garantía del vendedor Estado español.
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