De esta forma, Barroso reafirmó los términos de una decisión tomada por él el año pasado y ratificada por el pleno de la corte, que ya impedía el ingreso de terceros en zonas con nativos aislados y determinaba la instalación de barreras sanitarias para impedir el acceso de extraños en estos lugares.
‘Así, para que no haya dudas sobre los alcances de la medida cautelar ya dictada y vigente desde hace más de un año, aclaro que se impide el ingreso a las tierras de los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto de cualquier tercero, incluyendo a los miembros de las misiones religiosas’, señaló.
Indicó que la pandemia sigue en curso y estos pueblos son especialmente vulnerables desde el punto de vista epidemiológico.
El juez del Supremo analizó una demanda presentada por el Partido de los Trabajadores (PT) y la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) que cuestionó una ley de 2020 que permitió la permanencia de estos grupos en áreas con comunidades tradicionales aisladas durante la epidemia.
Para el PT y la APIB, la norma vulnera la dignidad de la persona humana y los derechos a la vida y a la salud.
Dado lo anterior, escribió Barroso, ‘confirmo parcialmente el requerimiento de precisar el impedimento de ingreso de misiones religiosas en tierras indígenas de pueblos aislados, con base en su derecho a la vida y a la salud’.
La articulación presentó el 9 de agosto una denuncia por genocidio contra el presidente Jair Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su responsabilidad en la muerte de nativos por Covid-19.
Tal acusación en esa corte, con sede en Países Bajos, culpa específicamente al exmilitar por las vidas perdidas de ‘mil 162 personas de hasta 163 comunidades originarias por su gestión de la pandemia’.
Según Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico de la APIB y uno de los redactores de la denuncia, ‘lo que vivimos durante la gestión del presidente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras’.
Al mismo tiempo, señaló, ‘proyectos de ley, decretos y ordenanzas intentaban legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que nos dejó sin protección legal’.
De acuerdo con el texto, el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección socio ambiental provocó invasiones de tierras indígenas, deforestación y quema de biomas.
Por ello, se pidió que Bolsonaro sea inculpado también por ecocidio, nueva tipificación de crimen contra la humanidad, el planeta y el medio ambiente.
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