A tal punto que, al margen de los cruces de espada entre la oposición y el Gobierno, el líder de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, exigió hoy la dimisión de la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, por acudir a la manifestación en apoyo a Puigdemont.
También, por viajar a Cerdeña, donde se encuentra el expresidente catalán. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Carrizosa acusó a Borràs de usar el Parlament para ‘verter su propaganda institucional’, en referencia a la declaración en apoyo a Puigdemont.
‘Desprecio institucional y una humillación a los catalanes constitucionalistas. Laura Borràs debe dimitir ya’, puntualizó.
Si bien la justicia italiana ya dispone de la euroorden de detención emitida contra el expresidente catalán por sedición y malversación en octubre de 2019, la procuradora que lo liberó dijo que esperar clarificaciones sobre el caso.
Las organizaciones de derecha y centroderecha, como el Partido Popular (PP) y Cs, junto con el extremista Vox, se pronunciaron por la extradición de Puigdemont y su procesamiento judicial en España.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), subrayó que espera que el exeurodiputado catalán sea juzgado pronto y no haya margen a los indultos, como también expresó la máxima figura del Cs, Inés Arrimadas.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se mostró cautelosa y remarcó que en casos como estos se trata de asunto individual y hay que dejar a la justicia adelantar el proceso.
Cientos de personas, una cifra que va en incremento, se congregaron en zonas céntricas de Barcelona para protestar por la puesta en prisión de uno de los mayores promotores del independentismo catalán.
Junts per Catalunya (JxCat) radicó este viernes preguntas por escrito al Gobierno, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, en las que pidió conocer qué va a hacer el ejecutivo ‘ante la Unión Europea después de la ‘injerencia del Poder Judicial español’.
Igualmente cuestionó la actuación de la administración de Pedro Sánchez, en específico de sus servicios de inteligencia, relacionados con la detención de Puigdemont.
Ya fue arrestado dos veces desde que en 2017 huyó a Bélgica, donde se entregó voluntariamente, pero nunca ha sido procesado por los delitos de sedición y otros de los que se le acusa.
El Palacio de la Moncloa fue vertical en su valoración del caso al subrayar que ‘la detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales’.
Aunque oficialmente España exigió la extradición de Puigdemont, pero el tema calentó el ambiente político y puso en grave peligro la viabilidad de la mesa de negociaciones con el Govern de Cataluña.
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