El presidente de la Comisión Ciudadana, José González Taboada, expuso que están frente a un acuerdo que afectará al país por las próximas tres décadas o más y el liderazgo de la Cámara de Representantes pretende aprobar legislación para la emisión de bonos en menos de una semana.
‘Esta acción no solo es una falta de respeto al proceso democrático legislativo, sino que raya en la irresponsabilidad’, afirmó González Taboada, también catedrático de contabilidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El economista José Alameda dijo que se trata del plan de ajuste de la deuda más importante de la quiebra más grande vista en Estados Unidos, pero la Cámara de Representantes isleña no quiere dar cabida a los distintos grupos afectados para participar en la evaluación y las implicaciones del acuerdo.
‘En medidas menos importantes se han tomado meses y en esta lo quieren planchar de una forma muy irresponsable’, manifestó Alameda acerca de la audiencia que se celebrará este miércoles.
Al respecto, el portavoz de la Comisión Ciudadana, José Rivera Santana, advirtió que las vistas no serán abiertas al público, por lo que con tan poco tiempo para analizar el proyecto se torna un ejercicio simbólico o fútil para un asunto que afectará a todo el pueblo y a futuras generaciones.
Opinó que debería haber una amplia participación ciudadana, por lo que exhortó al Senado de Puerto Rico a abrir el proceso como debe ser y analizar las alternativas.
‘Este Plan de Ajuste de la Deuda tiene muchos riesgos para Puerto Rico y no se puede evaluar a la ligera su impacto’, dijo al reclamar una auditoría integral del crédito público para beneficio de la población puertorriqueña.
Puerto Rico, bajo la dominación colonial de Estados Unidos, está en proceso de renegociar la deuda de 73 mil millones de dólares, que provocó hace cinco años su bancarrota bajo la Ley Promesa, del Congreso norteamericano que impuso, además, una junta de control fiscal.
La Cámara de Representantes acordó con la Junta de Supervisión Fiscal un ajuste a las pensiones mayores de dos mil dólares, por lo que de concretarse el proceso se hará la primera emisión de deuda pública por el gobierno puertorriqueño.
Corresponderá a la jueza federal Laura Taylor Swain, del Tribunal de Quiebras, la aprobación final de cualquier acuerdo, luego de cuatro años con muy pocos avances.
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