La iniciativa ratificada por ambas cámaras pasa ahora al ejecutivo para su promulgación o veto, mientras en las afueras del legislativo manifestantes mostraron su rechazo a la ley por considerar que no tiene en cuenta la situación de pueblos indígenas y campesinos y su reclamo de una reforma agraria.
El sistema legal paraguayo definió como delito la ocupación ilegal de tierras privadas en el artículo 142 del Código Penal, que con la referida modificación eleva a seis años la sanción, y hasta 10 en caso de daños al patrimonio o inmuebles.
A la legislación se opusieron los diputados del Frente Guasu, quienes señalaron que busca criminalizar la protesta y la lucha de campesinos y pueblos originarios por sus derechos a la tierra.
Esa alianza de fuerzas políticas de izquierda insistió en que la solución está en terminar con la usurpación de tierras, motivo de la ocupación llamada ilegal, del éxodo masivo hacia las ciudades y la creación de asentamientos sin las condiciones mínimas para la vida.
Medios locales reportan que los manifestantes quemaron vehículos en las inmediaciones del legislativo y son vigilados de cerca por las fuerzas del orden público a la espera del grueso de los convocados.
El diario La Nación señala que las protestas buscaban presionar a los diputados, en sesión para analizar la propuesta legal aprobada.
Según el rotativo, los manifestantes estaban armados con flechas y cócteles molotov, y amenazaron con incendiar el inmueble si la ley era aprobada por la cámara baja.
Por su parte, las fuerzas del orden público reportaron al menos dos policías heridos al despejar el área, para lo que emplearon carros de agua, gases lacrimógenos y hasta piedras, precisa el diario ABC.
Sin embargo aun no hay reportes públicos de daños entre los manifestantes.
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