Así lo indicó el senador Charles Carrera a la salida de la Fiscalía donde los 13 legisladores frenteamplistas de la Cámara Alta presentaron una denuncia penal, igual que semanas atrás hicieron sus correligionarios diputados.
Carrera dijo que se ‘termina un proceso de investigación y trabajo a nivel del FA que demuestra que lo pactado para que la empresa belga tenga la exclusividad de la Terminal de contenedores durante 60 años es en perjuicio del país y de la administración pública.
Consideró que hay varias figuras penales y un perjuicio económico nacional ya que se benefició a una empresa privada en más de mil millones de dólares, y usurpación de funciones por parte de la presidencia de la Administración y el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Héber, al tomar decisión sin pasar por el directorio.
‘Es un acuerdo impugnable para cualquier derecho de persona, porque no se puede disponer así de los patrimonios y gestionar los recursos públicos, en forma inadmisible para el país’, añadió el legislador frenteamplista.
Comunicó en este sentido que en la denuncia firmada por los 13 senadores tendrían responsabilidades, el actual ministro del Interior, Héber, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo; y el subsecretario de Transporte y Obras Pública, José Olaizola.
La denuncia fue recibida por un integrante de la Fiscalía que ahora iniciará el trámite, y se designará un fiscal en delitos económicos para investigar el caso expuesto.
En tanto entró en la segunda jornada un paro de 72 horas de trabajadores portuarios en reclamo de un nuevo convenio colectivo y contra la amenaza a 700 familias que perderán ingresos.
Asimismo rechazan la extensión de la concesión que acordó el Gobierno con Katoen Natie por 50 años más a partir de que termine la actual concesión en el 2031.
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