Representantes de algunas organizaciones internacionales, que tenían licencia para brindar diferentes servicios relacionados con la sanidad, están causando perjuicios que ponen en peligro la condición de salud de la comunidad, aseguró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Dina Mufti.
La víspera, el gobierno de Etiopía declaró persona non grata a siete funcionarios de agencias de la Organización de Naciones Unidas y las conminó a abandonar la nación en 72 horas, con inicio del recuento regresivo desde el propio jueves.
Esos ciudadanos están involucrados en varias actividades ilegales que nada tienen que ver con los compromisos y competencias adquiridas para trabajar en el territorio nacional, declaró Mufti durante una comparecencia pública, aunque no precisó cuáles fueron las infracciones cometidas.
La decisión de expulsarlos adoptada por el Gobierno da un ejemplo importante a otros funcionarios con intenciones de obrar de la misma manera y garantiza que pueda mantenerse la ley y el orden establecido, señaló.
Todas las personas de los organismos que trabajan en nuestra nación deben aprender la lección o, lo que es mejor, acatar las reglas establecidas mientras operan en actividades humanitarias, comentó.
Los funcionarios expulsados, notificados por el ministerio de Relaciones Exteriores, pertenecen a las delegaciones de Unicef, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Una vez anunciada la expulsión, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó sentirse sorprendido, por medio de un comunicado en el cual destaca que entre esas siete personas hay altos representantes humanitarios.
Nuestras operaciones se rigen por los principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, aseveró Guterres, y anunció que la organización trabaja con las autoridades etíopes para permitirle al personal en cuestión continuar su labor.
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