El abogado Rolando Emmanuelli, experto en la legislación Promesa, aprobada ante la bancarrota del gobierno puertorriqueño por el Congreso de Estados Unidos, afirmó que el ajuste que se propone no es real ni el mejor que se puede lograr para beneficio del pueblo.
Esto así, explicó, porque se propone pagar por deuda ilegal que la propia JSF ha impugnado, razón por la cual hay que insistir en los reclamos de cancelación de la deuda, pues de aprobarse este plan, no habría marcha atrás.
‘Utilizando los mismos números que presentan los expertos de la junta de control fiscal, este plan de pago no es viable ni sostenible para Puerto Rico, pues la reducción que se hace a la deuda en bonos no es suficiente para evitar que la isla caiga en un nuevo impago’, indicó el economista Daniel Santamaría.
El integrante de la entidad Espacios Abiertos consideró que esto ‘nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir implantando medidas de austeridad para garantizar el pago a los bonistas’.
‘Este plan de la junta no es bueno para Puerto Rico’, recalcó Santamaría en el foro Cómo el Plan de Ajuste de la Deuda nos afecta: Mitos y Realidades, presentado por la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Espacios Abiertos y el Colegio de Abogados y Abogadas.
El economista José Alameda consideró terrible el daño que se hará a los pensionados, ya que este plan no solo incluye un recorte inmediato del 8,5 por ciento, sino que se prohíbe por 25 años hacer ajustes por el aumento en el coste de vida, lo cual reduciría el valor a casi la mitad.
Destacó el efecto que las medidas de austeridad y planes fiscales ya han tenido en los servicios esenciales, principalmente en las áreas de salud, educación, rehabilitación, salud mental, energía y el suministro de agua.
Entre los años fiscales 2008 y 2020, las estadísticas de la Oficina de Administración y Presupuesto mostraron que la cantidad de empleados públicos centrales cayó de 231 mil 502 a 128 mil 968, para una disminución de 102 mil 534, es decir -44,3 por ciento, precisó Alameda, catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico.
Esto ha dejado a las agencias públicas sin los recursos humanos necesarios para hacer su trabajo.
A este análisis se sumó la planificadora Cristina Miranda Palacios al alertar sobre el riesgo inminente de cierre al que se enfrentan sobre 40 de los 78 municipios de Puerto Rico.
El grupo de expertos coincidió en en la necesidad de una pronta salida de la quiebra y de la JSF, impuesta por Washington, pero no a un precio que Puerto Rico salga más perjudicado.
‘El costo más alto para la isla no es seguir pagando por la Junta, es comprometerse en un pago de la deuda que impida el desarrollo económico que necesitamos y limite todavía más el funcionamiento del gobierno’, apuntó Santamaría.
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