De acuerdo con la JEP, la decisión cobija los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe -Batallón la Popa-, en los que se investigan esos asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
En un comunicado, la JEP detalló que los dos procesos están en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, después de que la magistratura imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a los involucrados.
La reserva se levantará respecto a 81 versiones voluntarias y 10 escritas que se tuvieron en cuenta para imputar a 25 miembros del Ejército y a un civil.
Todos fueron imputados como máximos responsables dentro de la investigación en la que se identificaron planes, patrones y políticas criminales en las que participaron, puntualizó la JEP en el texto.
Los magistrados ordenaron poner a disposición pública en el canal JEP Colombia de YouTube los videos de las versiones voluntarias de los comparecientes vinculados en los dos subcasos.
No obstante, la identidad de los comparecientes se mantendrá en el anonimato y se velará por la seguridad de los miembros de la fuerza pública y terceros civiles que se han sometido a la JEP.
Según esta instancia, las fuerzas militares de Colombia asesinaron al menos a seis mil 402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como ‘bajas en combate’.
Durante ese período en el cual gobernó el expresidente Álvaro Uribe, ‘se registró el 78 por ciento del total de la victimización histórica’, aunque el exmandatario rechaza esas acusaciones.
En este fenómeno ‘macrocriminal’ estuvieron involucrados al menos mil 500 militares con el fin de presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales, y obtener reconocimientos.
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