Según las autoridades conservadoras británicas, el proyecto de ley sobre Nacionalidades y Fronteras que se debate en el Parlamento es la “piedra angular” de un nuevo plan dirigido a hacer más eficiente y justo el sistema de petición y otorgamiento de asilo.
También persigue, agrega el gobierno, desestimular la inmigración ilegal, sobre todo a través del canal de La Mancha, acabar con las redes de traficantes de personas, proteger las vidas de los inmigrantes y expulsar a todo el que no tenga derecho a estar en el país.
Para conseguirlo, y aún sin que el Parlamento haya aprobado la propuesta, el Ministerio británico del Interior anunció que se prepara para devolver al continente europeo botes cargados de migrantes interceptados en la estrecha pero peligrosa vía de agua.
Al mismo tiempo presiona a Francia para que incremente el patrullaje y los sistemas de vigilancia en las playas del norte del país.
En ese afán, Londres llegó incluso a ofrecerle a París 54,2 millones de libras esterlinas (unos 74 millones de dólares) para ayudarle a sufragar esos gastos, mientras sopesa enviar a los solicitantes de asilo a centros de procesamiento en terceros países.
Y amenaza con aumentar de seis meses a cuatro años la pena de prisión para los migrantes que traten de entrar ilegalmente al país.
Quienes ayuden o cobren por traerlos clandestinamente al Reino Unido podrían ser condenados a cadena perpetua en lugar de los 14 años de cárcel establecidos actualmente en el código penal.
PLANES CARENTES DE COMPASIÓN
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, partidos políticos opositores e instituciones que velan por el bienestar de los refugiados, los planes del gobierno conservador británico carecen de compasión, e incluso de legalidad, pues podrían dar la espalda a las obligaciones contraídas por Londres bajo la Convención de Ginebra para los Refugiados.
Interrogado al respecto James Bulman, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Londres, aseguró a Prensa Latina que ese organismo internacional considera que el proyecto de ley de Nacionalidades y Fronteras británico no conseguirá los objetivos alegados por el gobierno.
Aunque reconocemos la necesidad de regular la inmigración, garantizar la seguridad de las fronteras y enfrentar a las bandas de traficantes de personas, creemos que sería más idóneo implementar un sistema efectivo para devolver a quienes en verdad no necesiten protección y llegar a un acuerdo con los vecinos sobre responsabilidad compartida.
De acuerdo con Bulman, a la Acnur le preocupa en particular las intenciones del gobierno británico de sancionar a quienes lleguen al país de forma ilegal.
Incluso aquellos que no sean enviados a prisión sufrirán el estigma de ser considerados ciudadanos de segunda, se les negará el acceso a los fondos públicos a menos que estén en la miseria, y se les restringirán los derechos a reunirse con sus familias, aseveró el funcionario.
Asimismo consideró que el costo financiero, personal y social para esos refugiados será muy alto.
LENTITUD EN PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE ASILO
Tras resaltar el amplio historial acumulado por el Reino Unido como país dispuesto a acoger inmigrantes, evidenciado con el anuncio de que recibirá a 20 mil afganos en cinco años, Bulman criticó la lentitud con que opera el sistema de procesamiento de solicitudes de asilo, con unas 70 mil personas a la espera de la decisión de las autoridades de inmigración.
Igualmente consideró que se debe poner fin cuanto antes al uso de antiguas barracas militares como campamentos para refugiados, dado el impacto que tienen el hacinamiento y la falta de privacidad en la salud física y mental de las personas.
Esperamos que pronto se pueda regresar al método tradicional de alojar a los solicitantes de asilo en las comunidades, y por eso exhortamos a las autoridades locales a contribuir con esas facilidades, apuntó.
TRAFICANTES PUEDEN BUSCAR VÍAS AÚN MÁS PELIGROSAS
El Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes (JCWI, siglas en inglés) también considera que el proyecto de ley que busca endurecer las leyes migratorias lejos de enmendar el sistema actual, hará que los traficantes busquen vías aún más peligrosas.
Un sistema justo sería aquel que proteja a los refugiados en base a sus necesidades, sin tomar en cuenta la forma utilizada para viajar, aseguró la directora de Políticas del JCWI, Zoe Gardner, en un intercambio reciente con miembros del Parlamento británico.
La activista también les recordó a los legisladores que cerrar rutas como las del canal de La Mancha solo hará que los traficantes busquen vías aún más complicadas y peligrosas para transportar a las personas desesperadas por llegar al Reino Unido.
Hasta que no ofrezcamos una alternativa real y medios seguros de viajar al Reino Unido, todo el dinero que gastemos en seguridad y cada intento de enmendar este sistema fallido de presiones y amenazas son celebrados por las bandas de traficantes de personas porque simplemente les ayuda a llenar aún más sus bolsillos, agregó Gardner.
Más de 14 mil inmigrantes cruzaron el canal de la Mancha en embarcaciones endebles y sobrecargadas en lo que va de año con destino a la costa sur de Inglaterra, un número muy por encima de los ocho mil 400 del 2020.
La cifra no incluye a los que son trasladados ocultos por la frontera en operaciones de tráfico de personas que solo salen a la luz cuando son detectadas por la policía u ocurren tragedias como la de octubre de 2019, cuando 39 personas fueron encontradas asfixiadas dentro de un camión refrigerado en un parque industrial de Essex, en el sur de Inglaterra.
arb/nm
Este trabajo contó con la colaboración de PLTV, el departamento de Fotografía, la editora Amelia Roque, el jefe de la Redacción Internacional, Antonio Rondón, y la webmaster Wendy Ugarte.
