La jueza letrada del departamento Tacuarembó, Carla Gómez, abrió un proceso contra el exteniente del Ejército Carlos Chaine, alias ‘El Chajá’, por delitos de privación de libertad, diversos apremios físicos y tratos crueles inhumanos o degradantes no permitidos por las leyes, la Constitución ni los reglamentos.
Cuatro militantes comunistas, Emilio Toribio, Ariel Zapata, Carlos Pintos y Julio Basualdo, fueron detenidos y torturados en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 de Tacuarembó, entre el 6 y el 20 de febrero de 1976, y luego trasladados al Penal de Libertad, donde permanecieron hasta el 25 de diciembre de ese año.
Al exmilitar se lo responsabiliza con la reiteración de hechos tales como golpizas, plantones, caballete, picana eléctrica y colgamientos, el encapuchamiento, y la mala o nula alimentación y bebida, así como la limitación de acceso al baño.
Gómez expuso en la vista del caso que los arrestados sufrieron distintos tormentos para obtener información, los que por sus características y relevancia les provocaron lesiones de diversa índole y en algunos casos pusieron en peligro sus vidas.
La justicia Uruguay mantiene y procesa los expedientes de la dictadura y los derechos humanos, con el impulso de la Fiscalía Especializada en delitos de Lesa Humanidad, creada en el precedente gobierno del Frente Amplio.
Esa legislación contribuyó a contrarrestar la Ley de Caducidad pactada después de la dictadura por el gobierno presidido por Julio María Sanguinetti y la institución castrense para dejar impunes a represores uniformados.
La más crítica sotuación refiere a 197 detenidos desaparecidos sobre quienes antiguos mandos de las Fuerzas Armadas sostienen un denunciado pacto de silencio.
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