Los legisladores consideran que la resolución dictada en favor por la Presidencia carece de visos formales y constitucionales, sin un procedimiento administrativo previo, errónea motivación y ausencia de motivos.
Subrayaron que la creación de un monopolio privado y una sociedad de economía mixta es materia competente del poder Legislativo y en consecuencia lo acordado ‘viola flagrantemente normas constitucionales’.
En conferencia de prensa conjunta, el diputado Daniel Caggiani expresó que de no haber una respuesta del Poder Ejecutivo, acudirán en primera instancia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin descartar la posibilidad de presentar otro recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
‘Entendemos que existió mucha opacidad y falta de transparencia en este tema, desconocemos si el contrato oficial cumple con lo que teóricamente se dijo y haremos un pedido de acceso a la información, añadió.
Por su lado el diputado Gustavo Olmos sostuvo que esta es una medida en defensa del rol de todos los legisladores, que no fueron consultados como señala la ley en un acuerdo de éstas características y que necesita la aprobación de dos tercios de cada Cámara.
Según explicó la integrante de la bancada, Ana Olivera, ahora el Poder Ejecutivo tiene 150 días para responder, y en caso que no lo haga los reclamantes acudirán a las siguientes instancias.
Mientras obra en Fiscalía una denuncia penal contra los funcionarios que negociaron y suscribieron el cuestionado acuerdo, el actual ministro del Interior y extitular de Transporte, Luis Alberto Héber, el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el presidente de la Autoridad Nacional del Puerto, Juan Curbelo y otros subalternos.
ga/hr
