La abogada Eva Prados, portavoz del grupo que incluye a organizaciones y personas que batallan desde hace cinco años para evitar el recorte de las jubilaciones, expresó que este triunfo no debe retener la lucha contra el organismo impuesto por Estados Unidos.
‘Esto es una muestra de que ese recorte no era necesario y es, además, un logro del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos otro Acuerdo, que dijeron desde el día uno que la Legislatura podía ser un actor clave para cambiar las posturas de la Junta’, expresó.
Las organizaciones, que igualmente se oponen al Proyecto de la Cámara 1003 para emitir nuevos bonos para el pago de la deuda ilegal, consideraron que la carta de la JSF ‘es una victoria importante para los que abogamos por la Ley por Un Retiro Digno’.
‘Esta fue la pieza que logró empujar las negociaciones entre el ente fiscal y la Asamblea Legislativa’, dijo Prados al indicar que esta vez la lucha contra el Plan de Ajuste de la Deuda continúa estuvo dirigida al recorte de la acreencia.
‘Dejar intacto el pago insostenible de la deuda en bonos nos deja sin dinero en menos de 10 años para operar el gobierno, poniendo en riesgo el futuro del país, incluyendo el pago de las mismas pensiones, al caer en una segunda quiebra’, advirtió la activista.
Destacó que nos sigue indignando que se insista en darle miles de millones en ganancias a bonistas de deuda ilegal, mientras se mantiene la prohibición de cualquier ajuste al aumento del costo de la vida y el recorte de pensiones futuras del magisterio, dejándolos en la miseria.
‘También nos oponemos a una aportación a la Universidad de Puerto Rico (UPR) que la misma comunidad universitaria ha dicho no es suficiente’, afirmó la letrada.
En tanto, el presidente de la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público, José González Taboada, explicó que la nueva postura de la Junta no cambia su propuesta de pagos sustanciales a bonistas de emisiones de 2012 y 2014, que superan los 13 mil millones de dólares.
Esto, a pesar de que la propia Junta reconoce que son bonos emitidos ilegalmente, que sus actuales tenedores adquirieron a 25 y 30 centavos para ahora recibir el doble (78 centavos de dólar).
‘Dar paso al Plan de Ajuste de Deuda implica avalar la legalidad de esa deuda y un tumbe para el pueblo, sin posibilidad de impugnarla en caso de un nuevo impago y también releva de toda responsabilidad a los actores que participaron de esas emisiones ilegales’, señaló González Taboada, contador público autorizado.
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