El columnista Jamil Chade, del portal de noticias UOL, aseguró que esa decisión tendrá lugar en plena campaña para las elecciones de octubre de 2022.
Desde 2016, el organismo internacional evalúa una imputación presentada por el exgobernante, quien argumenta que su juicio no fue imparcial y el entonces magistrado Moro actuó de forma arbitraria.
Tal comité se encarga de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Brasil.
En un comunicado interno, que según UOL obtuvo en Ginebra, esa junta informa que el análisis del caso está previsto para la reunión dentro de siete meses.
Anteriormente, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil consideró que Moro violó las normas del proceso y anuló en marzo todas las condenas contra el fundador del Partido de los Trabajadores, fallo que posibilitó a Lula recuperar sus derechos políticos y presentarse en la carrera por el poder del próximo año.
Pero, aun así, el proceso continúa en tribunales internacionales.
UOL precisó que, aunque el organismo no tiene medios para exigir a un Estado el cumplimiento de sus decisiones, una condena se considera una obligación legal si el país implicado ratificó los tratados que crean el mecanismo.
En octubre de 2016, los equipos jurídicos de la ONU acordaron iniciar el examen. Para que una denuncia sea aceptada, la entidad de Ginebra debe concluir que el sistema judicial brasileño no tiene la capacidad o las garantías suficientes de independencia.
A mediados de agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio una primera victoria al exmandatario.
El organismo concedió medidas cautelares y pidió a las autoridades nacionales que mantengan los derechos políticos de Lula hasta que su caso sea evaluado por el STF y se trate el fondo del asunto en Ginebra.
La decisión del comité fue ignorada por el Estado brasileño, lo cual llevó al ente a considerar esta negativa en su veredicto final.
Ahora, la junta indica que concluyó la evaluación sobre la admisibilidad del caso como la cuestión de fondo, pero la decisión corresponde a los 18 expertos de la entidad, que se reunirán en mayo.
Para la defensa del expresidente, Moro ‘se benefició directamente de la condena y el encarcelamiento’ del exdirigente obrero.
Además, ‘aceptó participar (como ministro de Justicia) en el Gobierno de Jair Bolsonaro y ahora es considerado como candidato, incluso, a presidente de la República en las elecciones que tendrán lugar en 2022’.
La parcialidad de Moro contra Lula está probada por la sentencia de la Corte Suprema, remarcan los abogados defensores.
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