En sesión ordinaria, el Legislativo acordó respaldar la iniciativa del Ejecutivo bolivariano de elevar la denuncia ante instancias internacionales para establecer la verdad, responsabilidades y sanciones por las graves violaciones de derechos humanos contra ciudadanos venezolanos en territorio colombiano.
El gobierno de Venezuela anunció la víspera la decisión de denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Iván Duque por los delitos de persecución y violencia sistemática contra migrantes procedentes de esa nación.
Al respecto, el diputado Pedro Carreño rechazó la promoción de campañas de odio, xenofobia y criminalización, promovidas por los gobiernos de algunos países de la región, incluido el colombiano, contra el gentilicio venezolano.
De acuerdo con cifras del Departamento de Medicina Legal de Colombia, solo en el transcurso de 2021 un total de 360 personas procedentes de la vecina nación sufrieron muerte violenta en territorio neogranadino.
Datos de organismos no gubernamentales, citados por las autoridades de Caracas, dan cuenta del asesinato de más de dos mil migrantes venezolanos en Colombia desde 2017.
El Gobierno bolivariano exigió además un pronunciamiento inmediato de las oficinas de los altos comisionados de la ONU para los Refugiados y los Derechos Humanos, respectivamente, sobre la violencia sistemática y la xenofobia de la que son víctimas sus ciudadanos en el fronterizo país.
Desde Venezuela señalaron también a la administración de Iván Duque de formar parte de una operación mediática dirigida a sacar créditos políticos y económicos del flujo migratorio procedente de ese territorio.
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