El Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó la víspera que lo ocurrido contra la administración de Morales fue un golpe y que Jeanine Áñez, quien le sucedió al frente del país, violó lo establecido en la Constitución al autoproclamarse y asumir el cargo.
Esa instancia determinó además que los vocales del Tribunal Supremo Electoral acusados de fraude por la administración de facto y la oposición al Movimiento al Socialismo (MAS, fuerza política de gobierno) son inocentes.
Morales señaló en perfil en Twitter que en relación con la investigación del caso Golpe de Estado la Procuraduría General del Estado comprobó las actas electorales de los comicios de octubre de 2019 y halló a la Organización de Estado Americanos (OEA) y a su secretario general, Luis Almagro, culpables de mentir al sugerir la práctica de fraude a su favor.
El proceso de revisión y análisis comprendió 34 mil 555 actas electorales de los nueve departamentos, equivalentes a la totalidad de esos documentos, acreditados por datos oficiales de la consulta.
Decenas de pesquisas de importantes centros de investigación y universidades de varios países demostraron que la tendencia del voto favoreció a Morales en todo momento, desechando así la narrativa del fraude.
Escudado en un informe parcial y no vinculante de la OEA que refería irregularidades en el conteo de votos, la derecha política boliviana dio luz verde al golpe de Estado que con el apoyo de policías, militares amotinados y gobiernos de derecha de países vecinos concluyó con la dimisión del mandatario en noviembre de 2019.
Se rompió así el hilo constitucional en la nación suramericana, que durante un año fue regida por un gobierno de facto responsable de la muerte de decenas de bolivianos, actos represivos violentos, persecución política, corrupción, y una pésima gestión de la economía y la crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19.
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