En rueda de prensa, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas presentaron un informe, en el cual argumentan los peligros que atentan contra estas poblaciones ante la ausencia del Estado.
Alertaron a cerca de los múltiples intereses que confluyen sobre los territorios de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los riesgos que corren los que habitan en la Amazonia y las zonas fronterizas.
Resaltaron especialmente la situación del pueblo indígena Wayuu, en el departamento de la Guajira, ‘que históricamente ha estado en completo abandono Estatal’.
Puntualizaron que los Wayuu registran la tasa más alta de mortalidad infantil en Colombia con 60,4 defunciones por cada mil nacidos vivos, indicador que continúa en aumento junto a la desnutrición de los niños.
Destacaron que ante tanta indolencia del Estado, siete jóvenes de ese departamento se encuentran en la Plaza de Bolívar, en esta capital, desde hace más de 20 días en una huelga de hambre.
En el informe presentado este jueves, enumeraron elementos que constituyen los contenidos principales de una situación estructural de afectación a los derechos humanos fundamentales y territoriales de estas comunidades.
Señalaron entre ellos, el fortalecimiento de los actores armados ilegales, el recrudecimiento de la confrontación bélica alrededor y dentro de los territorios indígenas, el incremento de la explotación minero-energética que conlleva a la degradación del territorio y las distintas formas de vida.
Asimismo, enumeraron las estrategias de fraccionamiento del Gobierno hacia el interior de algunos pueblos indígenas que atenta contra los principios de autonomía y administración propia.
Recalcaron que ante la crisis humanitaria, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas insiste en la necesidad de hacer efectivos los escenarios de diálogo de Gobierno a Gobierno y los acuerdos pactados en el marco del ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada realizada para el Plan Nacional de Desarrollo.
Sin embargo, el Gobierno Nacional incumple sus obligaciones constitucionales, advirtieron.
Exigieron a la administración de Iván Duque, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas y grupos al margen de la ley, el respeto por la vida, las dinámicas organizativas, las formas de gobierno propio de los pueblos indígenas y la salvaguarda de los territorios ancestrales frente a los intereses extractivistas.
Entre otras demandas, pidieron el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo, lo estipulado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y parar el exterminio físico y cultural, al cual están sometidos los pueblos indígenas en el territorio.
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